FSC-CCOO Canarias | 9 diciembre 2025.

Todxs con la isla de La Palma

28-09-2021
Temas

    Todxs con la isla de La Palma

    Todxs con la isla de La Palma

    CCOO denuncia el desmantelamiento de la plantilla laboral del Cabildo de Gran Canaria y la vulneración sistemática de sus derechos

      29/07/2025.
      Cabildo de Gran Canaria-Denuncia del Comité de Empresa

      Cabildo de Gran Canaria-Denuncia del Comité de Empresa

      La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias denuncia el desprecio continuado que sufre la plantilla laboral del Cabildo de Gran Canaria, sometida a una política deliberada de exclusión, precarización y ninguneo institucional, especialmente desde la Consejería de Administración Pública y Nuevas Tecnologías.

      Durante años, el Comité de Empresa ha tenido que enfrentarse a una administración que rehúye el diálogo y margina de forma sistemática a la representación legítima del personal laboral. «El Cabildo ha recurrido a órganos paralelos de negociación de los que excluye al Comité de Empresa, en un intento deliberado de vaciarlo de competencias y derechos», señala FSC-CCOO.

      Uno de los casos más graves se produjo con la creación irregular de la denominada Mesa General de Negociación Laboral, anulada judicialmente en 2021 tras un conflicto colectivo promovido por el Comité. Sin embargo, lejos de corregir su proceder, la administración insular ha seguido negociando materias laborales en foros donde el Comité no está presente, ignorando todas las advertencias legales.

      La situación llegó al extremo recientemente cuando la Consejería rescató la disuelta Comisión Negociadora del IV Convenio Colectivo, convocando a las secciones sindicales pero no al Comité de Empresa, para tratar cuestiones estrictamente laborales. «Esta maniobra supone un nuevo intento de saltarse al órgano representativo de la plantilla y ha vuelto a ser anulada judicialmente», recuerda el sindicato.

      FSC-CCOO también denuncia la negativa reiterada a convocar las Comisiones de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio (CIVEA), incumpliendo lo pactado en el propio convenio colectivo y forzando al Comité a presentar sucesivas denuncias ante la Inspección de Trabajo.

      A todo ello se suma la amortización de plazas laborales para favorecer el crecimiento de la plantilla funcionarial, el bloqueo de la carrera profesional del personal laboral, y la negativa a negociar cuestiones esenciales como el calendario anual, la promoción interna, los turnos de trabajo, la salud laboral, la funcionarización pendiente desde hace 23 años o la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo. «La plantilla laboral se encuentra hoy peor que hace una década, con menos efectivos, menos competencias y más inseguridad laboral», afirma el Comité.

      En materia de prevención, la situación es igualmente alarmante. No se dispone de médico de empresa, el servicio de prevención tarda hasta siete meses en emitiri nformes, y la vigilancia de la salud ha sido externalizada sin consulta previa con el Comité de Seguridad y Salud.

      Las propuestas de mejora han sido ignoradas sistemáticamente.

      Mientras tanto, las privatizaciones se extienden por todo el espectro insular: limpieza, vigilancia, mantenimiento y hasta el control de áreas recreativas han sido derivados a manos privadas, reduciendo competencias y puestos públicos.En este contexto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar la razón al Comité de Empresa al declarar nula la negociación de materias laborales en la Mesa General de Negociación Conjunta sin la debida consulta al Comité. «Una vez más, ha tenido que ser la justicia quien desenmascare la política de tierra quemada que está practicando la responsable de personal del Cabildo», subraya FSC-CCOO.

      Ante esta situación, el Comité de Empresa ha acordado por unanimidad en su reunión del 22 de julio emprender todas las acciones legales, sindicales y comunicativas necesarias para denunciar estos abusos, defender a la plantilla y exigir respeto institucional al colectivo laboral del Cabildo de Gran Canaria.