FSC-CCOO Canarias | 15 mayo 2026.

FSC-CCOO exige transparencia sobre un encargo de 750.000 euros para la tramitación de traslados de menores no acompañados

    23/12/2025.
    Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias

    Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias

    El sindicato considera inaceptable que el Ejecutivo autonómico, tras reconocer públicamente una grave carencia estructural de personal público especializado en el sistema de protección a la infancia, vuelva a recurrir a una solución de emergencia basada en externalizaciones.

    FSC-CCOO denuncia que este encargo se financia con fondos destinados a la atención directa de los menores, sin que se hayan explicado con claridad los criterios de financiación, los mecanismos de control ni las garantías reales sobre la calidad del servicio prestado. Para CCOO, este modelo de gestión refleja una forma de gobernar sustentada en parches, improvisación y falta de transparencia, que no afronta el problema de fondo. A juicio del sindicato, se están desviando recursos públicos desde la protección directa de niños y niñas hacia encargos administrativos externos, sin demostrar que ello suponga una mejora efectiva ni en la calidad del servicio ni en la garantía de derechos.

    La FSC-CCOO Canarias recuerda que la normativa estatal y autonómica en materia de protección de menores no permite atajos administrativos cuando están en juego decisiones que afectan directamente a la vida, la estabilidad emocional y el futuro de niños y niñas. Los informes y entrevistas que sirven de base para un traslado deben realizarse con personal altamente cualificado, desde un enfoque integral y multidisciplinar, y no como meros trámites orientados a cumplir plazos. En este sentido, el sindicato subraya que cualquier procedimiento de este tipo debe contar, como mínimo, con la intervención o supervisión de trabajadoras y trabajadores sociales especializados en infancia y procesos migratorios; juristas expertos en extranjería y protección de menores; psicólogos y psicólogas con formación en trauma y duelo migratorio; educadores y educadoras sociales conocedores del sistema de protección y del contexto sociocultural de origen; intérpretes y mediadores interculturales profesionales que garanticen el derecho del menor a ser escuchado y comprendido; y, cuando proceda, personal sanitario o técnico especializado ante situaciones de especial vulnerabilidad.

    FSC-CCOO denuncia que el interés superior del menor se está utilizando como argumento para justificar una gestión acelerada y despersonalizada, en la que la rapidez se impone a la evaluación individualizada, a la cualificación profesional y al control del dinero público. El sindicato alerta además de la opacidad que rodea este encargo, del que apenas se conoce el origen y reparto real de la financiación, la composición y capacitación de los equipos profesionales ni los mecanismos de supervisión de los informes.Esta falta de transparencia, señala CCOO, impide evaluar si los fondos públicos se están utilizando con criterios de eficacia, legalidad y protección efectiva de los derechos de la infancia. Para el sindicato, este modelo no garantiza ni la eficiencia del servicio ni la adecuada atención a los menores, y supone además una detracción de recursos en un sistema ya tensionado por la falta de personal, especialmente cuando se aparta del servicio a profesionales altamente cualificados de la Dirección General de Menores.

    Por todo ello, la FSC-CCOO Canarias exige un cambio de rumbo basado en mayor transparencia, control público yun refuerzo estructural y estable de los servicios públicos de protección a la infancia.