FSC-CCOO Canarias | 13 julio 2026.

CCOO denuncia que las solicitudes de refuerzo en la Justicia canaria aumentan más de un 110% en un año

    El sindicato reclama al Gobierno de Canarias más personal, la cobertura inmediata de los refuerzos pendientes, la ampliación de plantillas y un plan de choque urgente ante el deterioro del servicio público

    29/06/2026.
    Palacio de Justicia en Canarias

    Palacio de Justicia en Canarias

    El Sector de Justicia de CCOO Canarias ha presentado un escrito ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para denunciar la grave situación de sobrecarga que atraviesan los órganos judiciales del Archipiélago tras la implantación de los Tribunales de Instancia.

    El sindicato advierte de que los datos son “contundentes” y reflejan un agravamiento de la situación, lejos de la mejora organizativa anunciada con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Según los datos recabados por CCOO, las solicitudes de refuerzo realizadas por los letrados de la Administración de Justicia han pasado de 43 en junio de 2025 a 91 en junio de 2026, lo que supone un incremento superior al 110%.

    Para CCOO, este aumento no responde a una situación puntual, sino a una insuficiencia estructural de medios personales que afecta de manera generalizada a la Administración de Justicia en Canarias. El sindicato señala que los propios responsables de la gestión procesal vinculan la necesidad de refuerzos a la disminución efectiva de plantilla, la insuficiente dotación de personal, la acumulación de asuntos, los retrasos en la tramitación y la extraordinaria carga de trabajo existente en las oficinas judiciales.

    Una reforma sin medios suficientes

    CCOO sostiene que la implantación de los Tribunales de Instancia está trasladando el coste de la reorganización al personal funcionario, que soporta cada día mayores cargas de trabajo, más presión laboral y un incremento de los riesgos psicosociales.

    “La Justicia de Canarias no puede seguir funcionando a costa del esfuerzo de su plantilla”, afirma el sindicato, que considera que la actual situación es “extraordinaria y límite”.

    La organización recuerda que la reforma fue presentada como una medida para mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos, pero denuncia que no ha venido acompañada de los medios humanos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

    A juicio de CCOO, la elevada litigiosidad, la carga de trabajo en los partidos judiciales de la Fase 1 y el incremento de las solicitudes de refuerzo confirman que las plantillas actuales son insuficientes y que la implantación del nuevo modelo organizativo está siendo “un completo fracaso” en Canarias.

    Refuerzos pendientes y plan de choque

    El sindicato exige a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la convocatoria inmediata de los representantes de los trabajadores para negociar la ampliación efectiva de las relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas en todos los centros de destino con déficits estructurales de personal.

    CCOO reclama también la autorización y cobertura urgente de los refuerzos solicitados por los letrados de la Administración de Justicia, así como la elaboración de un plan de choque extraordinario para la Justicia canaria, dotado de recursos suficientes y orientado a reducir la acumulación de asuntos, disminuir los tiempos de tramitación, reforzar las oficinas judiciales y garantizar condiciones de trabajo dignas para el personal funcionario.

    La organización pide, además, una evaluación inmediata de las necesidades reales de personal derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia, con el objetivo de adecuar las plantillas a las cargas efectivas de trabajo existentes.

    CCOO subraya que es el único sindicato de ámbito estatal que no ha firmado ningún acuerdo para la implantación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y asegura que seguirá defendiendo los derechos del personal de Justicia frente a una reforma que, según denuncia, está deteriorando tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio público que recibe la ciudadanía.