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Todxs con la isla de La Palma

28-09-2021

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CCOO exige al Ministerio del Interior soluciones para las consecuencias de los riesgos psicosociales del personal penitenciario

    10/03/2022.
    Situación de las instituciones penitenciarias canarias

    Situación de las instituciones penitenciarias canarias

    CCOO exige al Ministerio del Interior que aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales enlos centros penitenciarios, especialmente en lo relativo a los riesgos psicosociales. Señala que losíndices en los 21 factores de riesgo evaluados, el personal público que trabaja en las prisionessupera ampliamente a otras profesiones y a la población general.El sindicato denuncia que ya en 1995 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que,entre otras responsabilidades, obligaba a la Administración a evaluar todos los riesgos a las queestaba expuesto el personal y aplicar las medidas preventivas para evitarlos. Lamentan que en lagestión penitenciaria, dependiente del Ministerio del Interior, no se haya tenido ocasión, en 25años, de evaluar y adoptar medidas contra los riesgos psicosociales del personal penitenciario.Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y las trabajadoras, causandoestrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias,gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. Sonconsecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficienteorganización del trabajo.En esta línea, CCOO señala que está contrastado que el estrés, el acoso y el malestar físico ypsíquico que sufren muchos trabajadores y muchas trabajadoras no derivan problemasindividuales, de personalidad o que respondan a circunstancias personales o familiares.La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma partede las condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los trabajadores y lastrabajadoras, entre otros mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales.Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas ymodificadas si generan riesgos.Las evaluaciones efectuadas por el personal técnico y delegado de prevención del Gabinete deSalud Laboral de CCOO en algunas prisiones indican que existe un nivel de riesgo muy elevadoentre el personal penitenciario, y lo más preocupante es que es un riesgo grave que está sinevaluar por los servicios de prevención, y sin medidas de protección y prevención adecuadas aesos riesgos.El sindicato lleva años denunciando esta inacción, y exigiendo a la Administración Penitenciariaque proteja la salud de sus trabajadores y trabajadoras, en los términos que estipula la Ley.Considera que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene que cumplir con suobligación de evaluar los riesgos psicosociales y adoptar las medidas preventivas y de protecciónque sean necesarias. Señala que, durante todo este tiempo, desde la gestión penitenciaria se estáincumpliendo con sus responsabilidades y con la Ley.

    Los estudios realizados por CCOO con el método Istas21, que cuenta con homologacióninternacional, revelan que, de los 21 factores de riesgo evaluados, la mayoría del personal deprisiones evaluado en todas las áreas tiene niveles desfavorables respecto a la población generalen todos los factores.Asimismo, estudios de diferentes universidades sobre la incidencia del Síndrome de Burnout,conocido como síndrome del trabajador quemado o la trabajadora quemada, entre el personalpenitenciario, acreditan que de los tres factores en los que se subdivide el mismo (cansancioemocional, despersonalización y realización personal), el colectivo supera apreciablemente lamedia de otras profesiones.Frente a esta inacción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de riesgospsicosociales por parte de la gestión penitenciaria, CCOO exige al Ministerio del Interior quegarantice el cumplimiento de la misma.El sindicato concluye defendiendo la urgente necesidad de garantizar la salud del personalpenitenciario que, además de una obligación legal, debe ser un ejercicio de responsabilidad socialen una organización moderna, respetuosa con su personal y comprometida con la salud pública.

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