FSC-CCOO Canarias | 23 julio 2024.

Todxs con la isla de La Palma

28-09-2021

Todxs con la isla de La Palma

Todxs con la isla de La Palma

CCOO inicia el proceso de demanda para impedir que voluntarios usurpen las funciones de bomberos en Tenerife

    17/05/2024.
    Voluntarios La Palma

    Voluntarios La Palma

    La Agrupación de bomberas y bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FS-CCCOO) ha presentado una reclamación administrativa en el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Cabildo de la isla anunciando que, si en el plazo de tres meses, no pone fin al servicio de voluntariado, iniciará un procedimiento contencioso administrativo el para resolver esta situación irregular.

    El Consorcio de Bomberos de Tenerife está adscrito al Cabildo conforme a la Ley 40/2015 y, por tanto, es su administración tutelar. Este Consorcio es el único de España que cuenta con un servicio mixto donde conviven personal profesional y funcionario distribuidos en seis parques, los cuales ejercen labores de prevención, extinción de incendios y salvamento, pero además cuenta con nueve parques de los llamados “falsos voluntarios”, personal que se viste como bomberos, llevan camiones de bomberos y se hacen llamar bomberos, pero no lo son.

    El Consorcio llama a esto “colaboración”, intentando así camuflar una realidad de déficit de personal profesional y parques de bomberos, y usando la figura del voluntariado para suplir estas carencias. Esta práctica y sistema de prestación mixto del servicio lleva décadas instalado en esta isla, incluso cada año son sufragados con dinero público por parte del propio Consorcio con cuantías económicas que superan los 450.000 euros anuales.

    Dada las leyes actuales, la prestación de este servicio de emergencias debe ser realizado por personal con dedicación exclusiva, funcionarios de carrera y, por tanto, profesionales. Por este motivo, en el 2017 se firmó un acuerdo en el que se debía revertir esta situación para que el Consorcio contara exclusivamente con personal funcionario y profesionales. Sin embargo, avanzado el año 2024, este acuerdo publicado en el BOP no solo no se ha cumplido, sino que, además, la figura del voluntariado de Tenerife está generando problemas en otras islas dado que nutre a otras asaciones como es el caso de Emerpal en la isla de La Palma, la cual está complementando su plantilla con este falso voluntariado.

    FSC-CCOO reconoce la labor del voluntariado, pero su actividad tiene que ser la que establece el marco normativo autonómico y estatal, el cual, entre otras cuestiones, establece claramente que no puede usurpar funciones de tareas profesionales ni percibir retribuciones de ningún tipo por ello.

    Incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

    El Consorcio de Tenerife está generando con esta situación una exposición a riesgos a personal voluntario al que no se le aplica la ley de prevención de riesgos puesto que no pueden tener un contrato y relación laboral. Sin embargo, a pesar de no ser trabajadores, se les permite actuar en emergencias de manera directa y esto es una exposición clara a situaciones de riesgos que están debidamente evaluadas y que incluso están recogidas en la guía de la Seguridad y Salud Laboral del Colectivo dedicado a Actividades de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento recientemente publicada por la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, se trata de una auténtica temeridad que, de persistir, también será motivo de denuncia a través de la Inspección de Trabajo.

    Tenerife, la isla más extensa y poblada de Canarias con 945.000 habitantes y una tasa turística de más de 6 millones por año, no puede tener un cuerpo de bomberos con esta precariedad, dotado con más parques y personal voluntario que profesional. Esta isla y su ciudadanía se merece un sistema público, totalmente profesionalizado y con dedicación exclusiva que cubra la isla con una red de parques acorde a sus incidencias,riesgos potenciales y estadística, cumpliendo así con la legalidad vigente y por tanto personal funcionarios de carrera mediante la prestación pública y directa.