FSC-CCOO y UGT SP denuncia que el cambio estratégico del proyecto Canarias Prohogar de Provivienda, forzado por el ICAVI, conlleva el despido de 19 personas y el fin de un servicio “indispensable”
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias (FSC-CCOO) y la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias (UGT-SP) mostraron este viernes su profunda preocupación por la inclusión del personal de Provivienda, que lleva a cabo el proyecto Canarias Prohogar, en un despido colectivo a nivel estatal, lo que supondría prescindir de una plantilla cualificada que brinda apoyo en un derecho fundamental como es la vivienda a las personas en riesgo de exclusión social en Canarias.
Dar respuesta a personas en emergencia habitacional
El proyecto Canarias Prohogar se encarga de dar respuesta a familias y personas en emergencia habitacional, especialmente a personas en situación o riesgo de desahucio, como el colectivo de 90 familias desalojadas el pasado 19 de marzo. Este proyecto, recogido como estratégico en el Plan de Vivienda 2020-2025 aprobado por el anterior gobierno, tiene como objetivo dar recurso habitacional otorgado por Visocan o por acuerdos con particulares, pero también asesoramiento y seguimiento a esas familias a través de trabajadoras e integradoras sociales, facilitando recursos que pueda tener la Administración y buscando la inserción social de las personas.
Actualmente las trabajadoras adscritas al programa Canarias Prohogar, financiado y ejecutado en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, han sido introducidos por la organización no gubernamental Provivienda en un ERE, argumentando el cierre de proyectos por la reducción de fondos europeos.
Sin embargo, señalan los sindicatos, estos fondos no se han utilizado nunca para financiar los proyectos de Provivienda en Canarias, al darse por subvención directa justificada y tramitada a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Supresión de la dimensión social del programa
El recorte de personal previsto en el ERE se traducirá en la supresión de la dimensión social de este programa, convirtiendo el proyecto en “una simple gestión inmobiliaria que trata la vivienda como un bien de mercado y no un derecho”. Se mutila así un proyecto que no solo es rentable económicamente, sino que desarrolla una labor social indispensable en un archipiélago con una crisis de acceso a la vivienda terrible y uno de los índices de desahucio más altos del estado.
Para FSC-CCOO y UGT-SP, es “especialmente sangrante” que el director del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, haya sido incapaz de reunirse con la organización sindical mayoritaria en la entidad y plantee que el ERE es una cuestión interna de Provivienda, lo que plantea “la nula responsabilidad social que tiene la dirección del ICAVI para las 19 personas trabajadoras y para la sociedad canaria”.
Despido de 19 trabajadoras
Este procedimiento opaco de Provivienda e ICAVI, “responsable último” de la situación, supondrá el despido de 19 trabajadoras y mantendrá a cientos de familias en situación de riesgo social, lo que va a aumentar la conflictividad social y sindical en un pueblo que exige soluciones al problema de la vivienda como ya se pudo ver en las manifestaciones del pasado 20 de abril.