El texto propuesto por El Pacto de Toledo que pretende funcionar como GUIA para la futura REFORMA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES ha sido aprobado definitivamente en la Comisión del Congreso con un amplio respaldo entre los grupos parlamentarios: sólo contó con las abstenciones de EH Bildu y ERC y el voto en contra de Vox. El texto sumó 30 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
Este texto tiene la intención de reforzar el “sistema público” de pensiones y su “sostenibilidad financiera” en el tiempo. Tras cuatro años de trabajo, salpicado por parones obligados por las sucesivas convocatorias de elecciones, la comisión aprobó por fin el texto que servirá de guía para la próxima reforma de las pensiones que tendrá que afrontar el actual Gobierno de coalición.

En este caso, se recogen una serie de consejos: al no ser una comisión legislativa, solo emite informes. La mesa y portavoces pactaron el documento casi definitivo que se aprobó con ligeras modificaciones finales. Todavía puede sufrir nuevos cambios antes de su votación en las próximas semanas en el pleno del Congreso que, en principio y dado el apoyo conseguido en la comisión, se aprobará con holgura. Y
luego ver en qué forma recoge estas sugerencias y cómo las desarrolla el Ejecutivo. En concreto, el ministro de Seguridad Social, tendrá que negociar su traducción en la Ley General de Seguridad Social con las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales, tal y como se había comprometido el Ejecutivo.

A continuación, resumimos el contenido de todas las medidas contenidas en el informe aprobado por la comisión parlamentaria.

SISTEMA PÚBLICO
El Informe reafirma "su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del SISTEMA PÚBLICO de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones" y se "opone a cualquier transformación radical del sistema" que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros. Las cotizaciones sociales se mantendrán como "la fuente básica" de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, "sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales", como pueden ser las transferencias del Estado. Se insiste además en que "las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social".

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El sistema garantizará la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA y sus recursos de la Seguridad Social para PAGAR LAS PENSIONES PRESENTES Y FUTURAS. El Informe emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 , y se propone que determinados gastos impropios asumidos por las cotizaciones sociales, pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del
Estado, financiados por la fiscalidad general, entre los que incluye las ayudas a las empresas de reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, así como el complemento de maternidad en la pensión, entre otros.

INCREMENTOS VINCULADOS AL IPC
Defiende "el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas”, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro". “La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones" y que el desarrollo de este "deberá ser consultado y debatido en el seno" de la comisión parlamentaria. Cualquier subida de las pensiones acordada por encima del IPC debería ser "sufragada con cargo a otros recursos financieros" ajenos a los de la Seguridad Social.

FONDO DE RESERVA
Una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social" el texto plantea que "debe retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva" y aboga por "establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva". La comisión apunta que "el Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural", pero sí puede servir como "una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social".

COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS
Este apartado apuesta por avanzar a dos únicos encuadramientos en la Seguridad Social, uno para los trabajadores por cuenta ajena y otro para los trabajadores por cuenta propia, para lo que "resulta conveniente finalizar la plena integración de los regímenes especiales". En la aspiración de equilibrar la protección social de asalariados y autónomos, el Pacto de Toledo recomienda "medidas que contemplen la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial" de los autónomos.
La Comisión sostiene que la sostenibilidad del sistema de pensiones "exige que, de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo", se aproxime la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. En este punto se ha añadido la precisión de que este cambio se produzca "en el marco del diálogo social", con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal.

PERÍODOS DE COTIZACIÓN
Mantenimiento en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social y coincide en la progresiva ampliación de 15 a 25 años del período de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que se acordó en la Reforma de las Pensiones de 2011 y que culminará en 2022. Como novedad en cambio el Pacto de Toledo recomienda evaluar "la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión". Es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión.
Para "los casos de vidas laborales muy prolongadas", la Comisión emplaza a considerar la posibilidad de que el trabajador pueda descartar "algún año concreto del periodo de cálculo ordinario" o escoger "el específico tramo de la carrera de cotización" que sirva de base para el cálculo de su pensión. Sobre la pensión máxima y la base máxima de cotización, el Pacto de Toledo cree que su relación "debe establecerse legalmente de forma clara y estable".

INCENTIVOS AL EMPLEO
"La financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales" y recomienda incentivos concebidos "como una herramienta excepcional" y concentrados "en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma singular", como las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género, entre otros.

INFORMACIÓN CIUDADANA
Se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, "de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión".

GESTIÓN DEL SISTEMA
El informe destaca "la urgente necesidad de reforzar la dotación de las plantillas" y "una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos".

MUTUAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Llamada al cumplimiento de "la regla de paridad en la composición de sus órganos de gobierno", así como la recomendación de "dotarlas de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos que resulte compatible con un estricto control por la Seguridad Social". El texto añade además que "se ha de avanzar en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las Mutuas, en especial en los servicios traumatológicos".

LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Reforzar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y destaca su apuesta por "la clarificación de las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del concreto régimen de afiliación en el que se debe cotizar", como puede ser el caso de los falsos autónomos. El documento también aboga por "el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas que no cumplan con
sus obligaciones frente a la Seguridad Social".

CONTRIBUTIVIDAD
Es decir, "la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador". Se apuesta por la "contributividad" del sistema y se precisa que, en los casos de vidas laborales muy prolongadas, "cabría valorar la posibilidad de la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o para escoger el
específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo para la determinación de su pensión". La medida aliviaría la situación de las personas con carreras muy largas de cotización que se han visto afectadas por la pasada crisis al final de su carrera profesional, lo que les aboca a una gran penalización de su pensión.

EDAD DE JUBILACIÓN
"La edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida". Para ello, "es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación", indica el Pacto, que insta a los poderes públicos "a atender las situaciones de vulnerabilidad que esta tendencia" podría provocar en determinados colectivos. También apuesta por revisar el acceso a la jubilación
anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos y emplaza al Gobierno a proponer una respuesta "en el plazo máximo de 3 meses" ante la Comisión.

VIUDEDAD Y ORFANDAD
La Comisión propone "llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral" de las prestaciones de viudedad y orfandad, manteniendo su carácter contributivo. La revisión de las pensiones de viudedad "pasa por acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos". El Informe considera que la protección social "debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos", para lo que propone aumentar "el porcentaje de la base reguladora de la pensión". Sobre las pensiones de orfandad, el texto apuesta por una mejora "especialmente en la cuantía", entre otras cuestiones.

SISTEMA SUFICIENTE
El Informe defiende la solidaridad del sistema público de pensiones y del establecimiento de pensiones suficientes "como garantía de la dignidad de la persona". Para concretar este último concepto, la Comisión cree necesario "establecer alguna referencia adecuada", como puede ser la llamada 'tasa de
sustitución' (que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores), "que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas". Se reitera también el apoyo "al mantenimiento de las cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema" y se añade que los complementos a mínimos de las pensiones, como manifestación práctica de ese sistema solidario, deben ser asumidos por impuestos (Presupuestos Generales del Estado) y no por cotizaciones sociales.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
El Informe apuesta por el sistema público de pensiones, y por impulsar la implantación efectiva de Planes complementarios de pensiones, en especial los planes de empleo que negocian empresas y trabajadores y que “prioritariamente” habrán de ser sin ánimo de lucro. El informe considera que deberá dotarse a las entidades gestoras de los planes de empleo "de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros". En cuanto a los sistemas de pensiones individuales, sostiene que "la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no
comporten rendimientos negativos para los ahorradores".

MUJERES
"Es necesario garantizar la igualdad efectiva en el ámbito laboral" y en el de las pensiones y reconoce las actuales brechas de género. Para combatirlas, se apuesta por "acometer de modo enérgico la cuestión de los cuidados con el objetivo de que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no generen vacíos de cotización por esta causa", por "potenciar la corresponsabilidad" a través de herramientas como los permisos parentales, se reclaman "medidas que
permitan identificar las discriminaciones retributivas" y llama a introducir "las correcciones" para solventar los vacíos en las carreras de cotización por la irregularidades de las carreras profesionales. La Comisión también emplaza a impulsar "reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios" con los trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, como ha indicado ya la justicia europea y el Tribunal Constitucional.