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Todxs con la isla de La Palma

28-09-2021

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CCOO y CSIF critican el retraso del Cabildo de GC para establecer un calendario de negociación del nuevo acuerdo en Consorcio de Emergencias

    20/12/2022.
    Bomberos del Consorcio de Gran Canaria

    Bomberos del Consorcio de Gran Canaria

    La Federación se Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), sindicatos con mayor representación en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, denuncian el retraso del Cabildo de Gran Canaria y del propio Consorcio en las negociaciones del nuevo acuerdo, lo cual achacan a una “estrategia de dilatación”.

    Los sindicatos señalan que, pese a haberse especificado que se establecería un calendario de negociación para el mes de diciembre, llegados al día 20 de este mes,siguen sin tener ninguna propuesta de reunión para resolver los asuntos que los bomberos han ido ganando en los juzgados y que por ley se les debe aplicar.

    Este retraso, el cual no es nuevo, dado que desde 2019 un juez indicó al Cabildo quedebía negociar con los bomberos sus condiciones laborales, está generando problemas de operatividad por la falta de personal que los bomberos denuncian cada día. A su vez, la no negociación de las condiciones laborales y la imposición sistemática de medidas por parte del gerente de la entidad están creando un “reguero” de demandas que están llevando al colapso a la administración institucional que conforma el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el cual depende del Cabildo de la isla, dado que es su administración adscrita.

    Un gerente que bate todos los récords

    Los sindicatos señalan que el nivel de judicialización del Consorcio registra cifras récord por la mala gestión del gerente, Emilio Duch, de procedencia militar y el cual lleva siete años en el cargo, los cuales coinciden con los de mayor número de demandas interpuestas por parte de los agentes sociales debido al incumplimiento de las leyes que se aplican a los funcionarios y que la gerencia de este consorcio omite o sencillamente crea su propia interpretación con la imposición de medidas que terminan siendo denunciadas.El último caso es la imposición de una resolución donde la gerencia del Consorcio ostentada en Duch, publica unilateralmente los criterios para cubrir el déficit de personal con horas extraordinarias, a pesar de que la junta general de alcaldes, Cabildo y Gobierno de Canarias establecieron la prohibición de hacer estas horas extraordinarias.

    Esto ha conllevado a la interposición de un recurso de alzada que,indican los sindicatos, probablemente acabará en los juzgados, porque así es como funciona la entidad.Por otro lado, el gerente se niega a cumplir con las leyes e, incluso, con sentencias de adscripción del puesto de funcionarios, dado que mantiene a los cabos de la última promoción, los cuales son funcionarios de carrera, sin una adscripción al puesto.

    Será otra cuestión, señalan FSC-CCOO y CSIF, que acabará probablemente en los juzgados.En estos siete años de gestión del actual gerente, las cifras de demanda han superado las 450. Esto es una prueba palpable de la intransigencia de la administración y del gestor que la dirige, “el cual sólo está dejando un panorama muy complicado para quienes gobiernen el Cabildo después de las elecciones del mes de mayo”.

    Estatutos caducados y sin renovar

    Por último, los sindicatos denuncian que los estatutos del Consorcio siguen sin ser renovados, y el órgano de gobierno adopta medidas con votaciones absolutamente irregulares, dado que están votando a razón de un 40% los ayuntamientos, un 20% el Gobierno de Canarias y un 40% el Cabildo de Gran Canaria, cuando la ley les obliga avotar conforme a la aportación económica que para el presupuesto del año 2023 es de: Cabildo de Gran Canaria un 63,50%, Gobierno de Canarias un 9,50% y los 19 municipios consorciados que tienen congelada su aportación económica desde 2012por la época de crisis abonan tan solo un 27% del total.

    Entienden que “es inaudito que una administración como el Cabildo de Gran Canaria siga sin cumplir el mandato de leyes estatales, que le obligan a modificar y adaptar los estatutos a razón de estas cifras y por un interés político no lo haga”.Las consecuencias de todo ello están siendo los problemas de operatividad que tiene el Consorcio por la pésima gestión y porque “son incapaces de ejecutar las medidas necesarias para avanzar dado que con el sistema de votos que utilizan, el Cabildo pretende dejar en manos de los ayuntamientos la toma de decisiones cuando es el propio cabildo con un 63,50% de voto quien tiene la mayoría”.

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