1º Mayo 2024

España necesita una política industrial de Estado que cree empleo digno, estable y de calidad para garantizar un futuro laboral sostenible. Por eso debemos seguir avanzando en la mejora de la legislación laboral. Ahora toca proteger el contrato de trabajo, repartir márgenes empresariales, seguir mejorando empleo y salarios, reducir jornada y cuidar a la clase trabajadora.

En un contexto internacional tan convulso como en el que vivimos, a la inaceptable invasión de Putin -que ya se encuentra en el tercer año de guerra- se ha unido la tragedia que está ocurriendo en Gaza. La masacre de una indefensa población civil palestina debe ser detenida inmediatamente. La Unión Europea debe ser actor principal para la conclusión de ambos conflictos, de forma que se restaure el derecho internacional quebrantado en Ucrania, y se respeten los legítimos intereses de los pueblos israelí y palestino a vivir enpaz y seguridad, con la constitución y el reconocimiento internacional del Estado Libre de Palestina.

El sindicalismo es un pilar transformador de nuestras democracias en todo el mundo, por eso nuestra lucha es transversal y transfronteriza. Allá donde hay organizaciones sindicales con poder y fuerza en la toma de decisiones, la vida de la clase trabajadora es mejor. Nuestro compromiso con las personas trabajadoras es claro y contundente.

Además, España afronta esta primavera un ciclo electoral que concluirá el próximo 9 de junio con las elecciones al Parlamento Europeo. Por este motivo, desde el movimiento sindical europeo, a través de la Confederación Europea de Sindicatos, llamamos a la participación de la clase trabajadora promoviendo el voto hacia opciones progresistas y europeístas.

En el plano más interno la situación política apunta a una legislatura de difícil gestión con tono encendido en la confrontación política. España necesita racionalizar las discrepancias legítimas entre los partidos, para emprender los consensos necesarios ante las reformas, retos y desafíos que tenemos por delante. Para ello, debiera partirse del reconocimiento a la legitimidad de la actual mayoría parlamentaria, rebajando el tono de crispación política que limita gravemente la capacidad de dar respuesta a los verdaderos problemas de la ciudadanía.

El Diálogo Social ha conseguido grandes hitos en materia jurídico-laboral en estos últimos años, garantizando derechos que debían reconocerse a la clase trabajadora y que hoy endía siguen dando sus frutos. A pesar de los buenos datos de empleo que se han alcanzado en España -alrededor de 21 millones de personas ocupadas-, fruto de las políticas sociales de concertación en las que debemos seguir insistiendo; los niveles de desempleo siguen manteniendo cifras de dos dígitos que no podemos ni debemos asumir, por lo que se deben redoblar los esfuerzos públicos y privados con el objetivo de conseguir el pleno empleo antes de que finalice el actual periodo de sesiones parlamentario. Debemos reconocer el valor que ha supuesto la reforma laboral de 2021 en el mercado de trabajo, especialmente en lo relativo a la reducción de la temporalidad.

El año 2023 ha profundizado en ese camino, ya que el porcentaje de contratos indefinidos suscritos en el año han sido el 42,9% del total. Hoy las personas asalariadas con contrato temporal son poco más de 3 millones, el 14,5% del total.La apuesta por la subida de los salarios ha sido compatible con una recuperación del empleo virtuosa en términos cualitativos y cuantitativos. El SMI es hoy un 54% superior al que teníamos en 2018.Los mantras neoliberales aplicados al mercado laboral se están viendo superados por los datos.

En un momento de transformaciones productivas, potencialmente muy intensas,las mejoras en las condiciones laborales y salariales deben ser una demanda encaminada a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero también una apuesta por la mejora de la productividad de la economía española a largo plazo en parámetros diferentes a la vieja fórmula de la devaluación salarial, la precariedad laboral, y la flexibilidad externa( vía despido) como forma de ajuste preferente de las empresas al ciclo económico.

Necesitamos una apuesta decidida por EL PLENO EMPLEO. Necesitamos mejorar el marco regulatorio en el que se genere el empleo del futuro. Es el momento de la reducción legal de la jornada de trabajo, de una mejor regulación de la contratación a tiempo parcial y de la extensión de los contenidos de la llamada Ley Rider al conjunto de la economía de plataforma. Es hora de proteger el contrato de trabajo a través de una nueva regulación del despido que respete los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país a través de la Carta Social Europea.

Es vital proteger a quienes generan la riqueza a través de su fuerza productiva: la clase trabajadora. En este contexto,el proceso de digitalización y la inteligencia artificial han de hacer más productivas nuestras empresas para trabajar menos tiempo, pero en mejores condiciones. Exigimos el cumplimiento del art.129.2 de la Constitución con la incorporación de las personas trabajadoras a los centros de decisión de las empresas en las que trabajan y contribuyen a su creación de valor y beneficios.Hay que impulsar la política industrial y de desarrollo sectorial. Las transformaciones productivas, la digitalización aplicada a los procesos de generación de bienes y servicios,y particularmente la transición energético/ecológica, definen un panorama complejo y no exento de riesgos, pero también de oportunidades para España.

Nuestro país debe aspirara constituirse como un polo industrial aprovechando el potencial de la energía renovable a precio competitivo, y que genere empleo de calidad. Los Fondos de Recuperación Next Generation deben contribuir a ese objetivo.Esa ventaja comparativa que ofrece España en relación con la energía debe ser aprovechada hacia una efectiva reindustrialización, a través de políticas de Estado que permitan afrontarlas transiciones ecológica, digital y verde, situándonos como una potencia industrial en la que también se tengan en cuenta sus realidades territoriales. Es el momento de tratar de superar las asimetrías históricas entre las zonas industrializadas, las que nunca lo fueron y las que sufrieron procesos de desindustrialización con dramáticas consecuencias en la pérdida de población y/o envejecimiento crónico de la misma.Igualmente es necesario abordar una reforma fiscal, pendiente desde hace tiempo, que debe reforzar la equidad de la contribución y la capacidad de nuestras políticas públicas para desarrollar y posibilitar de mejor forma lo que estamos proponiendo. Es el momento de desplegar una potente estrategia de cuidados en el marco de una recuperación del conjunto de los servicios públicos y de atención a la ciudadanía. Además la feminización de los cuidados en el ámbito familiar es el principal elemento explicativo de la brecha salarial de género.

Sin duda, las tareas de cuidados apelan a ámbitos privados ypúblicos, y deben hacerse desde la corresponsabilidad, apelando al Estado, a la sociedad,y con mayor implicación de los hombres. Pero prioritariamente corresponde al poder público ofrecer una cobertura y garantías de accesibilidad y universalidad en derechos y en servicios. Apostamos por sostener nuestros sistemas de protección social, consolidando las reformas pactadas y profundizando en las que están pendientes; la reforma de la protección por desempleo y la mayor efectividad de las políticas activas de empleo, en la estrategia de pleno empleo que defendemos.

El derecho a la vivienda continúa siendo una asignatura pendiente en España.Son necesarias políticas públicas valientes, con una apuesta clara por la promoción de vivienda pública y la creación de un parque público de vivienda de alquiler. Deben mejorarse y agilizarse, de forma inmediata, los mecanismos de acceso a la situación administrativa regular de las personas extranjeras que ya se encuentren trabajando en España, para evitar su subrexplotación y discriminación laboral.

Acabar con la precariedad laboral de la juventud; con la brecha de género que sufren las mujeres; que las personas trans y LGTBI en los centros de trabajo no vuelvan al armario o que las personas trabajadoras no sufran discriminación por cuestiones de discapacidad. Estas discriminaciones laborales en los centros de trabajo son antidemocráticas. Hoy, más que nunca, es imperativo que las organizaciones sindicales nos levantemos enérgicamente para erradicar esta injusticia y trabajar en conjunto por un entorno laboral equitativo,respetuoso y comprometido con la protección de los derechos laborales fundamentales.

Somos conscientes del momento político que atravesamos y lo complejo del mismo. Pero como organizaciones sindicales, avaladas por una amplia mayoría de la clase trabajadora a través de su voto democrático, y amparadas en nuestro marco constitucional como instituciones democráticas para la defensa de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras, nos sentimos concernidas a plantear estrategias de país, desde la lealtad, la concertación y el acuerdo, exigiendo el papel determinante de los marcos de concertación social, y apelando a los necesarios acuerdos de Estado.

¡Viva el 1 de Mayo!