La crisis climática un riesgo también en el trabajo

La humanidad está experimentando profundas transformaciones que ya nadie puede negar en esta segunda década del siglo XXI y que están impactando en nuestra forma de vivir, en el mundo del trabajo y en la salud de la clase trabajadora.

El envejecimiento de la población en las sociedades occidentales nos muestra una fuerza del trabajo cada vez más mayor, con una prolongación significativa de la vida laboral, con problemas para adaptarse al incremento de la carga de trabajo en muchos sectores y con dificultades para reincorporarse al trabajo tras una baja por motivos de salud. Por otro lado, entre los más jóvenes se continúan registrando las mayores incidencias en cuanto a accidentes de trabajo ocurridos durante la jornada laboral. Ante esta nueva realidad, la gestión preventiva debe realizarse teniendo en cuenta la edad, entre otras características, adaptando así el trabajo a la persona.

La digitalización de las actividades productivas se ha realizado en la mayoría de los casos a costa del empleo, pero también de la salud de las personas trabajadoras. La prevención de riesgos laborales no es uno de los inputs que se incorporan en la gestión algorítmica de la organización del trabajo y la economía de plataformas, más bien al revés, incorpora elementos que incrementan y generan riesgos, sobre todo en la dimensión psicosocial. La monitorización constante, la falta de desconexión, la intensificación del trabajo, la reducción de la autonomía y determinación de la persona trabajadora sometida a la nueva inteligencia artificial, acaban provocando serios problemas de salud física y mental en las trabajadoras y trabajadores. La epidemia de salud mental que ha aflorado en los últimos tiempos no es ajena a estos factores laborales. Es necesario que la autoridad laboral controle que se garantice el derecho a entornos de trabajo seguros y saludables.

Pero si hay una transición que se está mostrando de manera más descarnada en los últimos años es la medioambiental. Los sindicatos venimos alertando desde hace décadas de la necesidad de afrontar e intensificar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como de las consecuencias de no actuar, tanto desde un punto de vista ambiental, como económico, social y también para la salud laboral. 

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que 2023 había sido testigo de “un aumento alarmante de desastres relacionados con el clima, incluidos incendios forestales, olas de calor y sequías, que provocaron desplazamientos de poblaciones, pérdidas agrícolas y una mayor contaminación del aire. La actual crisis climática ha aumentado significativamente el riesgo de enfermedades potencialmente mortales como el cólera, la malaria y el dengue”. También el pasado año, la Organización Internacional del Trabajo avisó que la crisis climática "sin los controles adecuados, puede aumentar el riesgo de lesiones, enfermedades y muerte de los trabajadores debido al estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos, la exposición a productos químicos peligrosos, la contaminación atmosférica y las enfermedades infecciosas, entre otros". La OIT, además, añadió que "numerosos efectos sobre la salud de los trabajadores se han relacionado con el cambio climático, incluyendo lesiones, cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias y efectos sobre su salud psicosocial".

Hasta hace poco tiempo, había quien consideraba que estos fenómenos iban a producirse en latitudes lejanas, pero en los últimos años hemos podido comprobar que España no sólo no es ajena, sino que los informes del Comité de Expertos ante el Cambio Climático de la ONU (IPCC) señalan nuestro país como una de las áreas más vulnerables y donde estos impactos ya están mostrándose de manera más virulenta. Las olas de calor de los últimos años, probablemente “los veranos más frescos del resto de nuestras vidas”, se han cobrado la vida de trabajadoras y trabajadores. Esto nos obliga como sociedad a convertir la seguridad y la salud en el trabajo en uno de los pilares de las políticas públicas de adaptación al cambio climático. Por tanto, se debe recurrir a las herramientas de la prevención de riesgos laborales para prevenir la exposición a temperaturas extremas en las empresas, pero sin olvidar otros fenómenos asociados al cambio climático: fenómenos meteorológicos extremos, avance de enfermedades de transmisión por vectores, aumento de la exposición a radiación solar.

El reto de abordar los efectos del cambio climático para la prevención de riesgos laborales debe formar parte del debate en la mesa de diálogo social sobre salud y seguridad en el trabajo abierta en la actualidad, entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos. Pero hay más materias que deben incorporarse en este ámbito de negociación. Aún queda mucho por recuperar y por mejorar en seguridad y salud en las empresas, lo que requiere modificaciones estructurales en la normativa de prevención. 

Es intolerable que en 2023 se hayan producido 624.911 accidentes de trabajo con baja y 721 muertes por el mero hecho de ir a trabajar, muchas de ellas por causas fácilmente prevenibles como las caídas en altura, golpes o atrapamientos, y otras como las cardiovasculares que son escasamente tratadas desde la prevención de riesgos laborales y vinculadas con las condiciones de trabajo y con la calidad de la prevención que se hace en las empresas. 

En este ámbito, desde CCOO y UGT tenemos tres objetivos prioritarios. El primero, reforzar la calidad de la gestión de la prevención en las empresas, a través de su internalización y revisando y modificando los sistemas de acreditación y control de las entidades especializadas como los servicios de prevención, así como revertir las modificaciones a la LPRL que han supuesto la simplificación de las actuaciones de prevención de riesgos laborales. 

El segundo es acabar con el subregistro de enfermedades profesionales, empezando por el cáncer laboral. En España, se estima que anualmente fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales, pero en 2023 sólo se han comunicado 94 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos, la mayoría por amianto. Para revertir esta situación es imprescindible la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de personas trabajadoras expuestas, pendiente de desarrollo normativo por parte del Gobierno desde 1997.

El tercer objetivo prioritario es la necesidad de reforzar el marco normativo para la prevención efectiva de los riesgos psicosociales, empezando por incluir de forma expresa la obligatoriedad de hacer las evaluaciones de riesgos o por incluir los desórdenes mentales en el cuadro de enfermedades profesionales y continuando por impulsar, en las instituciones europeas, la aprobación de una Directiva de riesgos psicosociales que mejore la salud mental y cardiovascular de las personas trabajadoras.

Hay que revisar la normativa en profundidad para integrar la perspectiva de género y eliminar las desigualdades, incorporándola como uno de los principios de acción preventiva establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y feminizando el cuadro de enfermedades profesionales, añadiendo actividades feminizadas para patologías ya incluidas e incorporando patologías prevalentes en actividades con alta ocupación femenina. 

Y todas estas reformas legales se deben acompañar con un impulso de las políticas públicas activas en materia de prevención y un aumento de los recursos económicos y humanos destinados a ellas. No puede seguir demorándose el cumplimiento del compromiso de aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo. Y también es necesario mejorar las dotaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los institutos autonómicos de prevención de riesgos laborales, allí donde existen, y propiciar su creación en las CCAA que aún no los han puesto en marcha. Tampoco vamos a renunciar a demandar la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y a potenciar a la Fiscalía especializada.

Y queremos finalizar con un recuerdo a las víctimas del amianto que llevan esperando la aprobación del RD necesario para que entre en vigor la Ley que regula su fondo de compensación, y que acumula más de un año de retraso. El RD se debe aprobar con carácter inmediato y con unas indemnizaciones equiparables a las ya existentes para otros colectivos de afectados.

Un año más, desde UGT y CCOO recordamos a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y a sus familias. Este 28 de Abril renovamos nuestro compromiso para visibilizar y poner fin a esta lacra y que la seguridad y salud en el trabajo se sitúe en el centro de las políticas públicas. Seguiremos luchando hasta conseguir empleos de calidad y libres de riesgos para todos y todas.